Desde que se descubre un medicamento (investigación básica) hasta que llega a manos de los pacientes debe transitar un largo camino. Un camino que incluye ensayos clínicos, desarrollo industrial y logístico y traslado a la prestación sanitaria. La forma de financiación principal de todo ese recorrido, tanto en España como en Europa, proviene de fondos públicos.
Este proceso, cuyo objetivo no es otro que proteger a los pacientes, tiene lugar en un marco extremadamente regulado. Antes de ser aprobados por la Agencia Europea del Medicamento (EMA), los medicamentos han de superar exigentes pruebas clínicas y de laboratorio. Además, los riesgos y las reacciones adversas deben vigilarse durante toda la vida del medicamento para garantizar efectividad y seguridad. Asimismo, su fabricación debe cumplir con estrictos niveles de calidad.
Pero, una vez cumplidos estos requisitos, ¿qué hace que los costes de algunos medicamentos los “cubran” los sistemas públicos de salud y otros no?
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